Superintendencia respondió ante las sanciones de la Procuraduría por visitas a la Registraduría
Se afirma que durante las diligencias se accedió a información de manera irregular durante una investigación por contratos estatales
18 de marzo de 2026
Procuraduría sancionó a funcionarios de la SIC por una visita irregular a la Registraduría
La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación que sancionó a funcionarios y contratistas que participaron en visitas administrativas realizadas en marzo de 2024 a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores.
La entidad señaló que estas diligencias estaban orientadas a verificar posibles vulneraciones al régimen de libre competencia en procesos de contratación estatal, algunos relacionados con la firma Thomas Greg & Sons.
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En el comunicado, la Superintendencia expresó su respaldo a las personas sancionadas y destacó su trayectoria institucional en la prevención y sanción de prácticas anticompetitivas. Indicó que su trabajo ha estado enfocado en la defensa del interés público y en la lucha contra la corrupción económica, dentro de los estándares que han guiado este tipo de actuaciones durante años.
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La entidad sostuvo que los procedimientos de inspección se llevaron a cabo en ejercicio de facultades que considera legítimas y conforme a protocolos institucionales. Añadió que dichos procedimientos han sido objeto de control judicial por parte de las altas cortes, sin que, según el comunicado, hubieran sido cuestionados en su estructura por la Procuraduría.
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Asimismo, la Superintendencia planteó que las sanciones afectan las condiciones laborales de los funcionarios involucrados y limitan las facultades de inspección, vigilancia y control de la entidad. En esa línea, advirtió que estas decisiones pueden incidir en la capacidad institucional para proteger la libre competencia y el interés general.
El pronunciamiento también señala que las sanciones incluyen inhabilidades para contratar con el Estado y sanciones económicas de hasta $130 millones, lo que, a juicio de la entidad, tiene un impacto tanto institucional como personal sobre los funcionarios.
La Superintendencia manifestó su expectativa de que en la segunda instancia se realice una revisión integral de las pruebas, con el fin de que la decisión final garantice el respeto por el debido proceso y el funcionamiento de la institución.
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