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Andrea del Pilar Mancera - amancera@larepublica.com.co Miércoles, 11 de julio de 2012

El Tribunal Superior de Bogotá, a través de su Sala Penal, negó dos acciones de tutela que pretendían tumbar el proceso de responsabilidad fiscal que abrió la Contraloría General de la República por el llamado caso Conigravas.

Las acciones de tutela habían sido instauradas por dos vinculados a este proceso como presuntos responsables fiscales, Augusto Ramírez Gasca, quien fuera Secretario General Administrativo del Invías, y Gustavo Alberto Gómez Villa, quien en su momento fuera delegado del director del instituto en el Comité de Defensa Judicial y Conciliación de la entidad.

En abril, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal contra seis ex funcionarios y un ex contratista del Invías por un detrimento patrimonial de $13.951 millones de pesos, que se dio al no ejercer una adecuada defensa del Estado en el trámite de una millonaria conciliación del instituto con el consorcio conocido como Conigravas S.A.

La medida cobijó al ex director del Invías, Mauricio Ramírez Koppel, a los miembros del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del instituto en la época que sucedieron las irregularidades investigadas y al apoderado judicial de Invías en la conciliación, Francisco Ernesto Ramírez Vasco.

Acciones de Tutela contra la CGR Conigravas S.A:

1. Acción de Tutela n° 11001220400020120167700

Entidad demanda: Contraloría General de República Accionante: Augusto Ramírez Gasca. El Tribunal Superior de Bogotá-Sala Penal, mediante Auto del 14 de Junio, vinculó a la Contraloría General de la República como Entidad demanda dentro de la acción de tutela instaurada por Augusto Ramírez Gasca, presunto implicado dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal N° 6-44-10, Entidad Afectada: Instituto Nacional de Vías, en la cual alega como vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y la defensa, por considerarlos vulnerado por las actuaciones surtidas en el proceso fiscal, solicitando revocar la decisión adoptada en segunda instancia por la Contralora General de la República el 4 de Junio de 2012, por extralimitación de Funciones. El 19 de Junio el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad Especial Anticorrupción, Luz Ángela Martínez Bravo, presenta contrastación a la demanda de la referencia solicitando declarar la improcedencia de la acción por no existir vulneración alguna a derechos fundamentales.

El 25 de Junio de 2012 se profiere fallo por parte del Tribunal en el cual se niega la acción de tutela, decisión que es impugnada por el accionante y concedida por el Tribunal por haber sido presentada en tiempo y enviada para su trámite a la Corte Suprema de Justicia.

2. Acción de Tutela n° 11001220400020120171900.

Entidad demanda: Contraloría General de República. Accionante: Gustavo Alberto Montes Villa. El Tribunal Superior de Bogotá-Sala Penal, mediante Auto del 21 de Junio avocó conocimiento de la acción de tutela instaurada por Gustavo Alberto Montes Villa, presunto implicado dentro del proceso de Responsabilidad Fiscal N° 6-44-10,

Entidad Afectada: Instituto Nacional de Vías. En contra de la Contraloría General de la República, en la cual alega como vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, por considerarlo vulnerado por las actuaciones surtidas en el proceso, solicitando que se declare la caducidad de la acción fiscal dentro del proceso fiscal adelantado por esta Entidad así como el archivo de la misma. El 28 de Junio el Despacho de la Contralora Delegada Intersectorial de la Unidad Especial Anticorrupción, Luz Ángela Martínez Bravo, presenta contestación a la demanda de la referencia solicitando declarar la improcedencia a de la acción por no existir vulneración alguna a derechos fundamentales.

El 6 de Julio de 2012 se profiere fallo por parte del Tribunal en el cual se niega la acción de tutela por improcedente.

En abril del presente año, la Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal contra seis ex funcionarios y un ex contratista del Invías por un detrimento patrimonial de $13.951 millones, que se dio al no ejercer una adecuada defensa del Estado en el trámite de una millonaria conciliación del instituto con el consorcio conocido como Conigravas S.A.

Se trata de un contrato de obra pública por el sistema de precios unitarios, suscrito por el Ministerio de Obras Públicas y el Fondo Vial Nacional con el Consorcio Conic S.A. Botero Aguilar y Cia Ltda, por un valor de $600 millones, que tenía por objeto adelantar obras de ampliación, rectificación y pavimentación en la carretera Medellín-Turbo, ruta 21, tramo 14. La carretera contratada nunca se terminó.