Angie Monroy
La expedición de la Resolución 2328 de 2025 por parte de la Superintendencia de Transporte marca un punto de inflexión para las empresas de este sector. Con ella, se introduce un nuevo Sarlaft (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) que reemplaza al anterior Sarlaft y establece estándares más exigentes y alineados con las mejores prácticas nacionales e internacionales.
Esta regulación no solo responde a las obligaciones que Colombia ha adquirido en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, sino que también busca elevar el nivel de transparencia y control en un sector clave para la economía. Las exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su capítulo regional, Gafilat, ya no son una recomendación lejana: ahora están presentes en el día a día de las empresas de transporte.
El nuevo Sarlaft amplía de manera significativa el universo de empresas obligadas a implementarlo. Ahora, no sólo se aplica a aquellas empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, sino también a los centros de enseñanza automovilística, centros de reconocimiento de conductores, concesionarios de infraestructura, empresas de transporte especial y mixto, operadores portuarios, e incluso empresas habilitadas para el transporte por cable o multimodal. La extensión del alcance normativo es clara: todos los eslabones del ecosistema del transporte deben gestionar activamente el riesgo.
Pero más allá del cumplimiento formal, esta resolución invita a una reflexión profunda sobre la cultura organizacional. Las empresas están llamadas a desarrollar metodologías bajo un enfoque basado en riesgos para el identificación, evaluación, control y monitoreo de estos. Esto significa que cada empresa debe conocer a fondo su operación, su entorno y sus vulnerabilidades, y a partir de allí, implementar controles acordes.
Uno de los elementos más relevantes es la figura del Oficial de Cumplimiento. La norma establece un perfil claro: debe ser técnico o profesional, tener formación certificada en prevención del lavado de activos, contar con experiencia mínima y haber realizado los cursos de la Uiaf. Además, no puede hacer parte de la administración, ni de órganos de control, ni ser auditor interno. Es decir, debe ser un perfil independiente, con capacidad y autonomía. Este no puede ser un cargo simbólico: su rol será decisivo para el éxito del Sarlaft.
Si bien la auditoría interna no es obligatoria, se recomienda como buena práctica. Contar con una revisión periódica del sistema permitirá detectar fallas, corregir debilidades y anticiparse a posibles riesgos. También se destaca la importancia de herramientas tecnológicas para la trazabilidad de operaciones, la documentación del sistema y el reporte oportuno a la Uiaf.
El incumplimiento del nuevo Sarlaft puede acarrear sanciones importantes: desde multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales hasta la suspensión o cancelación de la habilitación para operar. Más allá de lo punitivo, lo relevante es comprender que una gestión deficiente del riesgo también puede tener consecuencias reputacionales y comerciales severas.
Las empresas del sector tienen un plazo de ocho meses para implementar el sistema. Puede parecer un tiempo corto, pero con una correcta planificación y asesoría especializada, es posible lograr una transición efectiva. Esta no debe verse como una carga, sino como una oportunidad estratégica para fortalecer los procesos, blindarse ante riesgos y construir confianza.
Adoptar el nuevo Sarlaft es dar un paso hacia una gestión moderna, ética y alineada con los estándares globales. Es una oportunidad para que el transporte colombiano avance hacia la sostenibilidad, la legalidad y la transparencia que exige el entorno actual.
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