Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

Martes, 3 de febrero de 2015

Afirmar que “(…) las personas que dirigen la Fiscalía no han dado garantías y han actuado con interés político y mediático”, me genera mis dudas ante un video tan polémico como lo es el del hacker y respecto del cual, tal como lo mencionó el Vicefiscal Jorge Perdomo hace unos días, lo mínimo que se debe hacer es iniciar una investigación, con el fin de determinar la comisión o no de un delito. En un país medianamente serio, dicha decisión la hubiera tomado cualquier funcionario de turno, como quiera que el ejercicio de la acción penal no es discrecional de la Fiscalía General de la Nación, sino, por el contrario, responde al cumplimiento de un deber en cabeza del ente acusador, a la luz de lo consagrado en el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal: “El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito (…)”. Es decir, dar rienda suelta a una investigación de cara a determinar la ilicitud de unos hechos no encaja en caprichos ni favores políticos; obedece, señor Zuluaga, a una política criminal codificada que se debe respetar en cualquier periodo presidencial, así el mandatario no sea de todo su gusto.

Abiertamente -y con plena consciencia de ello- se confunde la toma de decisiones judiciales con los intereses políticos que le pudieren asistir al gobernante actual, y aunque uno de los intereses del presidente Santos pueda coincidir con la judicialización del señor Oscar Iván, lo cierto es que esto último, como ya se dijo, obedece al cumplimiento de una obligación por parte del Fiscal General y no a un capricho político impuesto por Juan Manuel. No puede caerse en el error de señalar que “no hay garantías judiciales” cuando lo indiscutible es que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, esas actuaciones deberán ser objeto de investigación en este o en cualquier gobierno, sin importar el partido político que ejerza el mandato. Permitirse una valoración de este talante, implicaría desconocer la división del poder público en el país. Con seguridad, no hubiera sido necesario acudir a esta pataleta jurídica si el Fiscal fuera el señor Ordoñez.   

Por lo que entiendo del raciocinio de Zuluaga, “garantías judiciales” consistiría en archivar la investigación en curso y pasar de agache el material conocido o, en su defecto, continuarla en un gobierno ejercido por un representante del Centro Democrático. !No, señor Zuluaga¡ !Definitivamente no¡  

Ya ha sido suficiente tener como caballito de batalla la frase invocada, para evadir la justicia colombiana. Usted deberá asistir a todas las diligencias judiciales que sean programadas para esclarecer los hechos, así como deberá asistir María del Pilar Hurtado, luego de sus vacaciones por Panamá.  

Echándole un vistazo a esto último, ¿constituye persecución política lograr que la señora Hurtado comparezca ante la justicia colombiana? Objetivamente, sólo veo una persecución judicial de actuaciones -interceptación de comunicaciones- que podrían revestir la categoría de delito, de acuerdo a la norma ya citada. Se necesitará, entonces, de esta afirmación y un poco más para sostener ese bajo argumento. Muy desafortunado aquel que quiere evitar que sean juzgados actos sucedidos en su mandato, con miras a evitar futuras responsabilidades.

Hacer un plantón de protesta por el llamado a indagatoria del señor Oscar Iván y señalar que el comparecimiento ante la justicia colombiana, por parte de Hurtado, constituye persecución política son una artimaña más del senador Uribe. De hecho, nos quedamos expectantes ante las supuestas pruebas que tenía el congresista en sus manos, acerca del pago de 12 millones de dólares a los asesores del presidente Santos.   

Sólo se espera, por un lado, que con la misma vehemencia que torpedea el proceso de paz  coadyuve con la justicia, si es que cuenta con material probatorio señalador de un delito o falta, y por otro, permita a las distintas entidades estatales realizar su labor sin importar sus intereses políticos y judiciales  -cuestión que dudo-.