Sin justicia no hay seguridad: La sobrecarga de trabajo como obstáculo estructural

En Colombia, hablar de seguridad ciudadana sin abordar la crisis estructural del sistema penal es una forma de evasión institucional. La retórica de políticas de seguridad pierde toda seriedad cuando se confronta con una realidad que ningún discurso puede maquillar: cada fiscal en el país debe enfrentar entre 400 y 600 casos activos, sin los recursos mínimos para investigar, acusar y llevar a juicio a los responsables. ¿Cuántas investigaciones serias con probabilidad de llegar a sentencia puede llevar un fiscal en un año? No soy experto, pero seguro no más de un par al mes.

Esta sobrecarga no es sólo un problema administrativo. Es el síntoma más visible de una política criminal que ha sido diseñada para fracasar. En 2024, según cifras del SPOA, ingresaron 1.870.000 noticias criminales. De ellas, el 93,2% no superó la etapa de indagación preliminar. Solo el 3,7% culminó en una decisión judicial de fondo. ¿Cómo puede hablarse de castigo a la delincuencia cuando más del 90% de los delitos denunciados no reciben ni siquiera una investigación formal?

La poca respuesta institucional ha sido la focalización: priorizar investigación en delitos de alto impacto como homicidio, secuestro o terrorismo. Pero estos representan apenas el 2,5% del total de denuncias. Aun si se lograsen esclarecer todos estos casos, la impunidad seguiría por encima del 90%. La focalización sin inversión es una estrategia de contención, no de justicia.

La carga por fiscal no solo impide investigar con rigor. También distorsiona el sistema de incentivos. En lugar de buscar justicia y reparación, se privilegia el archivo rápido, la conciliación informal o el preacuerdo sin verificación probatoria. El sistema se convierte en una fábrica de terminaciones anticipadas, las más de las veces sin juicio oral, sin contradicción, sin verdad procesal.

No se puede ser serio en la búsqueda de seguridad ciudadana y castigo a la violencia si se mantiene esta estructura. La impunidad no es un efecto colateral: es el resultado directo de un sistema que no tiene capacidad para procesar lo que recibe. Y mientras no se invierta en fiscales, investigadores, peritos y tecnología, cualquier promesa de justicia será apenas simbólica.

La necesidad de recursos es clara: reducir un punto porcentual de impunidad —equivalente a 18.700 casos judicializados— requiere una inversión adicional aproximada de $220.000 millones. Esto incluye ampliación de planta, infraestructura, capacitación y soporte técnico. Invertir en una buena administración de justicia no es un simple gasto, es la garantía de la vigencia de la constitución.

La efectividad de cualquier política seria de seguridad ciudadana, pilar de la existencia misma de la democracia, no se construye sólo con más policías. Se construye con justicia efectiva, con procesos que esclarecen los hechos, sancionan a los responsables y reparan a las víctimas. Y eso solo es posible si el Estado asume su responsabilidad institucional de dotar al sistema penal de la capacidad que necesita para cumplir su función.

Mientras cada fiscal siga enfrentando cientos de casos sin apoyo, sin tiempo y sin herramientas, la impunidad seguirá siendo la norma. Y con ella, la inseguridad, la desconfianza y la erosión del Estado de derecho