Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

jueves, 15 de septiembre de 2022

Como no referirse al tema eléctrico. Parecería que el diagnóstico es claro. Las tarifas se encarecieron a partir de la fórmula adoptada por la CREG, que es el ente regulador del sector por expreso mandato legal. Pero, la cura no es tan fácil. Es decir, no podemos caer en el facilismo de, simplemente, meterle mano a la regulación y cambiar la fórmula de tal manera que, mágicamente, al aplicarla, automáticamente bajan las tarifas. Tener la posibilidad de detectar el problema habla bien del sistema. Nadie dijo que estos problema no se podían presentar, pero tratar de intervenir para resolver un problema de coyuntura puede derrumbar casi 30 años de avance.

Es que debemos trasladarnos a principio de los años 90 y recordar cómo eran la prestación de nuestros servicios públicos. Sencillamente deplorables. No había ciudad con una cobertura siquiera mediana y ni hablar de la calidad del servicio. La ley 142 de 1994, se diseñó para esa realidad.

Se estableció un sistema donde la iniciativa privada podía acudir en ayuda del estado a prestar el servicio, sin que este perdiera la capacidad de supervisar el servicio y en casos extremos, intervenir a aquellos operadores que no cumplieran con las finalidades de la ley, entre las cuales se cuentan: garantizar que los servicios se presten de manera continua e ininterrumpida, con eficiencia y calidad, que se ampliara la cobertura, permitiendo la libre competencia, garantizando la participación de los usuarios y estableciendo un régimen tarifario “proporcional para los sectores de bajos ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad y solidaridad”. Todas estas finalidades de la intervención se han aplicado de manera coherente, sustentada un esquema con distintos actores que ejercen funciones de política sectorial, regulación y de inspección vigilancia y control. Hemos mejorado. Hay muchos de ciudades con una cobertura cercana al 100% en varios de los servicios públicos domiciliarios, la calidad también muestra mejorías, con índices de calidad que permiten medir a las empresas. En fin, vamos dando pasos hacia adelante, lo que no implica que no haya problemas y que no se pueda mejorar. Aprovechemos esta dolorosa coyuntura.

Indudablemente, Colombia es una distinta a la de 1994 desde el punto de vista de los servicios públicos domiciliarios, ya hay algunos servicios que fueron domiciliarios y ya no lo son y hay otros que valdría la pena analizar si deberían considerarse como tales. Lo cierto es que ha sido necesaria una construcción de tres décadas a partir de una legislación estable que ha permitido a los actores de la cadena vislumbrar su horizonte financiero, porque son necesarios grandes capitales, pero sin olvidar la función social del servicio. Así que la invitación es a tomar el problema actual para mirar todo el sector y analizar como lo rediseñamos, de tal manera que nos garantice que en treinta años podamos decir que hemos avanzado, que tenemos un mejor servicio y que todos lo podamos pagar.