Francisco Noguera
La inversión en infraestructura es un pilar fundamental para el crecimiento económico de Colombia, especialmente en un contexto donde el país enfrenta cierto rezago frente a otras naciones de la región. Nuestro país tiene la urgente necesidad de fortalecer la interconexión de sistemas eléctricos, medios de transporte y servicios públicos, así como desarrollar las denominadas infraestructuras sociales, tales como hospitales, colegios, redes de acueducto, alcantarillado o plantas de tratamiento, entre otras. La calidad deficiente de la infraestructura actual genera altos costos logísticos y limita la integración regional, afectando la competitividad y el desarrollo económico.
Invertir en infraestructura no solo responde a una necesidad estructural, sino que, de acuerdo con entidades como el Banco de la República o el Banco Interamericano de Desarrollo (entre otras), también tiene un efecto multiplicador sobre el Producto Interno Bruto (PIB), estimado entre 1.5 y 2.5 veces el monto invertido. Este impacto positivo se traduce en mayor empleo, dinamización de la demanda interna y mejoras en la eficiencia empresarial. Los beneficios del desarrollo de la infraestructura para el país y para la totalidad de la población son evidentes. Los colombianos podemos debatir cosas como a qué tipo de infraestructura se le debe dar prioridad con base en las necesidades que tenemos como nación, pero no debería ponerse en duda, bajo ningún escenario, que el desarrollo de la infraestructura es una necesidad patente que conlleva serios beneficios para todos. En este contexto, la protección de la confianza de los inversionistas es clave para asegurar el flujo de capitales y el desarrollo sostenible de la nación.
Pero, ¿qué significa “la confianza inversionista” y por qué es tan importante?
El desarrollo de la infraestructura es una actividad que requiere altas inversiones de capital. Actualmente Colombia invierte en infraestructura alrededor de 2,5% de su PIB. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en 2024 el PIB de Colombia fue de aproximadamente US$343.000 millones, por lo que se puede estimar que la inversión actual de Colombia en infraestructura es de unos US$8.600 millones. Aunque es un monto alto para un país con serias restricciones fiscales como Colombia, no es suficiente. Informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estiman que, para cerrar la brecha de infraestructura, los países latinoamericanos deben invertir entre 4% y 6% de su PIB anual durante al menos una década.
Lograr los niveles de inversión deseados (e incluso mantener los actuales) es un reto enorme para un país como Colombia con dificultades fiscales y muchísimas necesidades insatisfechas en muchos otros rubros. Y ahí es donde entran a jugar los inversionistas. Los inversionistas son, en principio, agentes externos al estado, locales o extranjeros, que están dispuestos a aportar recursos ya sea en forma de equity o deuda para, en este caso, el desarrollo de la infraestructura de los países, buscando un retorno futuro de su inversión.
La decisión de inversión de los inversionistas está íntimamente ligada, entre otros factores, al riesgo que representa la inversión que van a realizar. Lo anterior, en la medida en que el efectivo retorno de la inversión que realizan está ligado a que dicho nivel de riesgo, por lo menos, se mantenga en el tiempo. No todos los inversionistas tienen el mismo apetito de riesgo, pero todos hacen un análisis cuidadoso, responsable y técnico del riesgo de cada inversión. Además, dado que vivimos en una economía abierta de mercado, los inversionistas cuentan con múltiples opciones y alternativas a la hora de seleccionar en qué países y en qué proyectos específicos invierten sus recursos. Por lo tanto, si un país quiere ser objeto de inversión por parte de los inversionistas debe crear la confianza suficiente de que el nivel de riesgo del país se va a, por lo menos, mantener a través del tiempo de forma tal que las expectativas de retorno de la inversión se cumplan.
Por lo anterior, es muy importante contribuir a la confianza inversionista y evitar que los capitales huyan a otras jurisdicciones. Afortunadamente Colombia cuenta con instituciones consolidadas que han probado ser una base sólida de nuestra democracia. Si queremos que se siga por la senda de desarrollo de la infraestructura es necesario seguir fortaleciéndolas. A pesar de ser una democracia con debilidades, Colombia, hasta ahora, se ha caracterizado por ser un estado donde impera la ley y donde se respetan los contratos que suscribe el estado. En este sentido, resulta esencial el respeto de las normas y los contratos.
Para desarrollar la infraestructura de nuestro país resulta esencial fortalecer nuestras instituciones y que Colombia siga siendo percibido como un estado donde impera la ley y se honran los contratos que se suscriben por parte del gobierno y sus entidades.
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