“Sáquenlo y que lo demanden”: la política reglamentaria del Gobierno

Cada día leemos el análisis de un colega sobre los decretos que pretende expedir o ya ha expedido el Gobierno. Casualmente, ninguno arroja un resultado distinto al de la inconstitucionalidad, la ilegalidad y el abuso de la potestad reglamentaria. Contrario a lo que ocurre con quienes redactan esos decretos, los análisis que he revisado no son subjetivos ni responden a ideologías; muestran lo evidente, que cualquier abogado puede concluir ante semejantes yerros.

Abundan ejemplos de decretos que desconocen la Constitución y la ley. Desde el Ministerio de Agricultura se expidió la Resolución 161 de 2024, con supuesto sustento en el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, para delimitar un Área de Protección para la Producción de Alimentos en La Guajira. Sin embargo, impone prohibiciones a la actividad minera, industrial y comercial no previstas en dicho artículo.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente expidió el Decreto 044 de 2024 para reglamentar áreas de reserva de recursos naturales de carácter temporal, cuya creación debía ajustarse al artículo 47 del Código de Recursos Naturales. Esta norma prevé la prevalencia de los derechos adquiridos, sin admitir excepciones. No obstante, el Ministerio ignoró esta garantía, dejando abierta la posibilidad de desconocer títulos mineros vigentes en las áreas delimitadas.

Por otro lado, bajo la política de “distritos mineros”, que, pese a su nombre, busca sustituir la minería por actividades que no generan los mismos beneficios, el Ministerio de Minas delimitó el distrito del Bajo Cauca sin consulta previa, aunque el Ministerio del Interior determinó que debía hacerse.

En el Ministerio de Salud, la situación no es menos preocupante: se publicó un borrador de decreto que impone la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. En este Decreto también se excluyen de facto las EPS, se fragmentan funciones de la Adres, se omiten mecanismos para enfermedades de alto costo y se imponen obligaciones a entes territoriales sin base legal ni financiación.

En conjunto, estos y otros decretos reflejan una práctica reiterada de los abogados del Gobierno. “‘Sáquenlo y que lo demanden” es hoy la política reglamentaria del Gobierno. Una actitud temeraria que exige que los jueces fallen con celeridad ante estas ilegalidades.

Finalmente, nosotros, los abogados, debemos pronunciarnos, demandar e incluso denunciar posibles prevaricatos. No podemos permitir que la reputación de nuestra profesión siga deteriorándose. Sobre los abogados del Gobierno, poco queda por decir: su política de “sáquenlo y que lo demanden” es sombría y lesiona el Estado de Derecho.