viernes, 5 de junio de 2020
La defensa de nuestros menores, su protección y cuidado debe ser una prioridad para todos los colombianos, por eso el compromiso de la sociedad debe ser absoluto hacia la búsqueda de ese fin, sin embargo, no todas las soluciones planteadas generan un verdadero cambio.
La mayoría de menores que son maltratados o abusados generalmente es por personas de su círculo cercano, lo peor es que antes de ser agredidos, abusados sexualmente o lastimados, incluso causándoles la muerte, han presentado signos que han sido ignorados de manera consiente por miembros de su entorno familiar, social o educacional.
El derecho penal actúa cuando el delito ya se cometió, sanciona, impone una pena, pero lamentablemente el daño ya está hecho cuando esto sucede. El derecho penal puede ser efectivo con penas fuertes y medidas que prácticamente son ‘condenas perpetuas’, porque dichas carecen de beneficios por buen comportamiento.
La cadena perpetua no va a resolver nada porque además hay factores como la inoperancia y poca efectividad de la justicia que no se van a solucionar con esta sentencia.
Imponer la cadena perpetua implica que como sociedad fallamos, que fuimos incapaces de dar amparo y seguridad a la niñez colombiana, y es tan inmensa nuestra incapacidad y nuestro sentimiento de culpa que ahora queremos venganza, aplicar la Ley del Talión, imponiendo un encierro a quien delinquió contra nuestros infantes, pero sin realmente solucionar el problema de base.
La cadena perpetua no soluciona la agresión física o sexual a la niñez, no investiga el origen de esos ataques para prevenirlos y evitarlos, sencillamente va encerrando el problema y al hacerlo llegará el día en que ese depósito donde metemos los trastes se reviente y el problema en vez de estar resuelto habrá aumentado más y más.
Si la cadena perpetua sirviera de ejemplo para que otros no cometieran los mismos delitos, después de que se impuso por primera vez habría sido suficiente, pero no lo fue, los delincuentes siguieron cometiendo los mismos delitos.
Hay un deber del Estado de resocializar, pero más allá de ello debe velar por los derechos fundamentales de los menores, porque a un niño o adolescente abusado se le está violando su derecho a la vida y su derecho a la protección.
Colombia ha creído históricamente que crear delitos o aumentar penas solucionan problemas y no, el poder punitivo ejercido por el derecho penal no soluciona problemas de base, lo hacen políticas públicas que fortalezcan las alertas tempranas para proteger al ciudadano, como procurar que las viviendas de interés social cuenten con dos espacios diferentes para que los hijos no duerman en el mismo espacio donde los padres mantienen relaciones intimas; lo hace la familia si es protectora y garante, en donde se denuncia al agresor sin miedo y se trabaja con los niños abusados para que estos no se conviertan en agresores en el futuro; lo hacen los educadores si están atentos a denunciar signos de abuso y crean un ambiente seguro en los centros educativos; lo hacen las comisarías de familia atentas que imponen medidas eficaces y prontas de protección del menor y alejamiento del violento, y lo hace una sociedad menos permisiva, ¿cuántos hemos visto a un vecino agredir a sus hijos y nada hemos hecho?
