El presidente de la ANI manifestó recientemente que hay proyectos enfrentándose a terminaciones anticipadas o envueltos en procesos arbitrales como consecuencia de deficiencias en la planeación. Esta afirmación evidencia la necesidad de evaluar los procedimientos e identificar las limitaciones de la Administración frente a la estructuración de proyectos, para lo cual este escrito propone aplicar la ecuación de Harari.
Yuval Harari presentó en Davos una ecuación que, según él, podría ser la ecuación del Siglo XXI y podría hackear al ser humano. Las tres variables que se multiplican son: i) el conocimiento biológico (o ecosistémico); ii) la capacidad computacional (o de procesamiento); y, iii) los datos (Harari, 2020). Pero, esta misma ecuación bien podría plantearse frente a casi cualquier asunto, incluyendo los procedimientos administrativos. Tan es así que cualquier procedimiento administrativo parte de una premisa fundamental: obtener información suficiente que le permita a la entidad formarse un juicio previo a la expresión de su voluntad mediante el respectivo acto administrativo.
Mírese, por ejemplo, el procedimiento administrativo que se adelanta para la estructuración de proyectos de infraestructura de transporte, especialmente cuando la iniciativa es presentada por un privado. El fin que persigue el procedimiento que se adelanta para decidir si ejecutar o no el proyecto es la obtención y procesamiento de información, la cual se adquiere y procesa en tres momentos: i) la prefactibilidad que radica el privado ante la entidad competente; ii) la factibilidad que radica el privado cuando la iniciativa se declare de interés público; y, iii) la evaluación que adelanta la entidad competente, normalmente a través de un tercero.
Visto frente a las variables de la ecuación, el conocimiento ecosistémico se presume i) de la entidad competente para estudiar la iniciativa, que con ocasión de sus competencias y funciones sería la llamada a conocer el sector al que pertenece el proyecto y que se refleja en el esquema institucional; y, ii) integrado en los estudios de prefactibilidad y factibilidad, según el contenido que se les exige a éstos en el ordenamiento jurídico colombiano.
La cantidad y calidad de los datos, por su parte, depende de la etapa. Primero, se tratará de información secundaria o básica. Seguidamente, la información será primaria y buscará “reducir la incertidumbre del proyecto”. Esta variable supone uno de los aspectos más sensibles de la estructuración.
Finalmente, la capacidad de procesamiento le corresponde a i) los privados a efectos de la estructuración; y, ii) la entidad (o al tercero que contrate) a efectos de la evaluación. Esta capacidad se refleja en el recurso humano y en las herramientas tecnológicas disponibles para uno u otro. Cabe hacer mención en este punto a la adopción de la metodología BIM por parte de la ANI, que pareciera ser un acierto a efectos de ordenar y procesar la información, especialmente de carácter técnico.
El procedimiento, entonces, recoge la esencia de la ecuación. Así, la Administración debería preguntarse: ¿qué conocimiento tiene del sector?, ¿qué datos tiene?, ¿son suficientes?, ¿con qué capacidad cuenta para procesar la información? Identificar las debilidades supone determinar las acciones necesarias para evitar o mitigar los efectos de éstas respecto de cada variable, y su atención permitiría tomar decisiones centradas en “hackear” el proyecto con base en un mejor conocimiento del mismo.
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