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Viernes, 4 de octubre de 2013

No será un solo articulito el que haga falta. Pero tampoco sería una gran reforma legal la que se necesitaría para afrontar la recurrente conflictividad entre vecinos, que no solo ha cobrado vidas y dejado lesionados, sino que, como se veía hace un par de días en los medios, ha puesto a la Policía en enorme ridículo.

Como hace un par de semanas se indicaba en esta columna, un asunto más bien anecdótico se ha convertido en un problema de orden público: es de salvajes terminar las fiestas en urgencias o en la morgue de un hospital como viene registrándose ante la pasmosa pasividad de las autoridades. Así es por lo menos en Bogotá, donde hace tres alcaldías no hay Dios ni ley que valgan.

La teoría no es draconiana. Se basa en volver al elemental principio según el cual el interés colectivo debe prevalecer sobre el particular. 

Recibida una queja de vecinos, la Policía, en lugar de prestarse a burlas o componendas, o a evadir el cumplimiento de su deber con excusas tan pueriles como que es imposible interrumpir un evento privado, se presenta con un arma infalible: un aparato que permita medir la intensidad del sonido.

Como los límites de ruido están fijados en las disposiciones legales de manera objetiva y sin lugar a interpretaciones, sin necesidad de preguntar si es primera comunión o grado, los agentes toman la medición en el punto más cercano posible al origen del ruido, la puerta de la casa por ejemplo.

Si la medición excede de los límites permitidos, se levanta una simple acta que se deja en manos del vigilante a la salida. En ella se expresa la fecha, la hora y la cantidad de ruido. Se deje dicho el procedimiento a seguir y nada más.

Seguidamente viene la parte más fácil y pedagógica de todas: en ejercicio de la autoridad de que están investidos y sin mediar discusiones de ninguna índole, los agentes suspenden el servicio eléctrico, y le informan a la compañía prestadora del servicio para que interrumpa el fluido desde su origen.

En el acta se hace constar el valor de la multa a pagar en la Alcaldía Menor, pago que es necesario acreditar para la reconexión del servicio.

Para la primera vez, la medida tendrá una duración de 24 horas. Para el siguiente episodio se sigue el mismo protocolo, pero se suspende el servicio por 72 horas y se aumenta la multa.

La tercera es la vencida y el servicio se suspende por tres meses. 

Como todavía no existen gasodomésticos que reproduzcan música, lo más probable es que los vecinos se aconducten y lo piensen dos veces antes de la próxima farra. 

La pregunta es qué culpa tienen los que arriendan: la respuesta es obvia. Ninguna. 

Entonces las aseguradoras que ofrecen pólizas para cubrir cánones y servicios en mora tienen la obligación adicional de ofrecer la cobertura para el pago de las multas. Y como las aseguradoras no saben perder, en todo arrendamiento que aseguren incluyen como causal de terminación inmediata al conducta disoluta del arrendatario que se haga multar por abuso de su sacratísima libertad de recrearse. Porque nadie puede gozar a costa del sufrimiento del vecino.

Suena dictatorial la medida: es posible. Pero por lo que estamos viviendo la dictadura que debe acabarse cuanto antes es la de los desadaptados que a pretexto de estar alegres, someten a los demás a un trato inicuo y luego, para remate, cuando se pide el concurso de la Policía ya es tarde porque hay muerto o herido de por medio.

No será un articulito: se necesitan como tres, y la voluntad de hacerlo.

El ranking

Múltiples reacciones, mucho más de las que se podría esperar y mucho mejores también, sobre la anterior columna alusiva al ranking de los abogados.

En su inmensa mayoría los corresponsales de esta columna coinciden en que el carrusel del ego de mis colegas es el que le da campo a estas justas de la vanidad, en las que resulta forzoso sacar ganador a todo el mundo para que el año siguiente el aparato se pueda volver a prender con el mismo éxito.

Decía el profesor Ramón Bulla Quintana, y en este tema cómo no estar de acuerdo: ¡pobre la gente!