No sobra recalcar que Históricamente los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, estaban claros de acuerdo al tratado Esguerra Bárcenas que se sostuvo y firmó en el año de 1982; sin embargo, aquí no para el tema, es importante resaltar que en la actualidad no existe una política de protección de nuestro territorio. Cerca del 30% de nuestro país, está en manos de países que por años han hecho su agosto con la compra de grandes extensiones de tierra, que podrán disponer como quieran.

 

Pese a lo que hasta ahora he dicho, existe un elemento del que muy pocos hablan: la protección de nuestras reservas naturales y el inminente daño ambiental de uno de los ecosistemas ubicados dentro del área de la reserva de biósfera Seaflower. Biósfera reconocida  por la Unesco, donde la protección de los recursos naturales es obligatoria, ya que se trata de ecosistemas costeros y marinos en donde la diversidad es un ejemplo excepcional de hábitat.

 

La coyuntura nacional, debe hacer un alto. La economía de nuestro país no puede basarse en una salvaje venta de nuestro territorio a multinacionales que extraen sin contemplación alguna nuestros recursos, generando catástrofes ambientales como la que podría ocurrir en el Chocó, con la tala indiscriminada de árboles madereros en al menos 11 mil hectáreas de tierra por cuenta de una multinacional canadiense, para exportar a China. 

 

No es descabellado pensar en lo que hasta hace poco fue un comentario de mal gusto para las relaciones internacionales, cada día que pasa pienso en que la ex candidata presidencial Noemí Sanín tiene toda la razón en concluir de que existieron y permanecen intereses ocultos en el fallo de la haya, los cuales se consolidan en intereses económicos de toda índole, entre los que se pueden contar grandes obras de infraestructura, explotación de hidrocarburos y recursos naturales no renovables, así como la apertura indiscriminada a multinacionales para que agoten la espléndida biodiversidad con la que cuenta Nicaragua y que hasta hace poco fuera territorio marítimo Colombiano.

 

Por último, sí debo resaltar el pronunciamiento reciente del Partido Verde frente a este tema, ese sin lugar a dudas es el papel protagónico que se espera de una organización que representa los intereses colectivos, y que por su ideología debe ser el garante de que se respete el ambiente. 

 

Este tipo de veeduría permite que los que somos conscientes de toda esta problemática podamos acudir a escenarios político-ambientales a verificar que el Estado hará todo lo posible por preservar y conservar ecosistemas estratégicos de tan alta importancia mundial, lo que se encuentra soportado en el principio transfronterizo sobre el cual recae el Derecho Ambiental; debe el Partido Verde llamar y convocar todos los actores posibles para estar pendientes de las decisiones que pueda tomar Nicaragua y que sin lugar a dudas pueden poner en peligro la estabilidad ecológica de la región.