Estado de conmoción interior: ¿una medida necesaria o un error estratégico?

El 24 de enero de 2025, el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior mediante el Decreto No. 62 de 2025, en respuesta al recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo. Según la exposición de motivos, esta medida era indispensable para restaurar el orden y enfrentar la amenaza de los grupos armados ilegales.

No obstante, un mes después de su implementación, persisten múltiples interrogantes sobre su necesidad, efectividad y los riesgos que conlleva. Los desafíos en materia de seguridad y estabilidad siguen latentes, y la medida ha generado más preguntas que respuestas. ¿Se trata realmente de una acción necesaria para garantizar la seguridad nacional o de un error estratégico con implicaciones inciertas?

¿Era realmente necesaria la conmoción interior o una falta de previsión del Gobierno?

El artículo 213 de la Constitución de Colombia faculta al presidente para declarar el estado de conmoción interior cuando existen graves alteraciones del orden público que no pueden ser controladas mediante los mecanismos ordinarios. Sin embargo, más allá de cuestionar la necesidad de esta medida excepcional, cabe preguntarse si la crisis en el Catatumbo era una situación imprevista o si, por el contrario, pudo haberse gestionado con anticipación dentro del marco legal ordinario.

Para justificar la conmoción interior, el Gobierno debía demostrar que se cumplían tres requisitos fundamentales: 1. graves perturbaciones del orden público, 2. insuficiencia de los mecanismos ordinarios y, 3. proporcionalidad y temporalidad. Ante esto, el Gobierno nacional argumentó que la crisis en el Catatumbo comprometía la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y la convivencia ciudadana. No obstante, lo que esta crisis realmente evidencia es un problema mucho más profundo que no se soluciona con la expedición de un decreto y que, además, había sido advertido con meses de anticipación.

Desde noviembre de 2024, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el riesgo apremiante de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en la región. Sin embargo, el Gobierno optó por no actuar de manera preventiva, permitiendo que el problema escalara hasta llegar a un punto en el que ahora busca justificar una medida excepcional. Esta falta de estrategia ha facilitado la consolidación de los grupos armados ilegales en la región, producto de varios factores estructurales:

• Falta de presencia estatal efectiva: la ausencia de instituciones en muchas zonas rurales ha dejado un vacío que los actores armados han ocupado.
• Fronteras porosas con Venezuela: la débil protección en los límites con el país vecino permite que los grupos ilegales se refugien al otro lado de la frontera, dificultando una respuesta efectiva.
• Narcotráfico como motor del conflicto: con miles de hectáreas de cultivos de coca en la región, los grupos armados financian sus operaciones y perpetúan el ciclo de violencia.

Dado este panorama, cabe preguntarse si la conmoción interior realmente podrá abordar estas problemáticas de raíz o si, por el contrario, solo servirá para contener temporalmente la crisis sin generar soluciones sostenibles, con el riesgo adicional de vulnerar derechos fundamentales de la población.

En este sentido, la declaratoria de conmoción interior, aunque pueda parecer una respuesta inmediata, no resuelve las causas estructurales del conflicto. La ausencia de presencia estatal, la falta de control sobre las fronteras y el narcotráfico no se solucionan con medidas excepcionales, sino con estrategias robustas que integren desarrollo económico, fortalecimiento institucional, presencia militar enfocada en la protección de los derechos humanos y firmeza en las negociaciones con los grupos ilegales.

Sin una política integral que ataque las raíces del conflicto, la conmoción interior corre el riesgo de convertirse en un simple paliativo o, peor aún, en un factor que perpetúe las mismas problemáticas que se habían advertido con anterioridad. El Gobierno no solo debe actuar con contundencia frente a la crisis, sino asumir su responsabilidad en la falta de previsión y acción estratégica. Retomar el control del territorio mediante el uso legítimo de la fuerza es fundamental, pero sin una estrategia real que garantice estabilidad y seguridad, la crisis seguirá siendo una constante en la región.

Treinta días de excepción: ¿Qué ha cambiado en el Catatumbo?

A un mes de la declaratoria del estado de conmoción interior, se debe evaluar si la medida ha generado efectos concretos en la seguridad o si, por el contrario, ha sido una respuesta reactiva que no ha logrado transformar el panorama de crisis estructural que enfrenta el país. Aunque el Gobierno ha insistido en que la Fuerza Pública ha intensificado sus operaciones y ha propinado golpes a estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, los hechos demuestran que la violencia sigue latente, el control territorial de los grupos armados persiste y las comunidades siguen siendo las principales víctimas.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue aumento del desplazamiento forzado. Este fenómeno pone en entredicho el objetivo de la conmoción interior, que supuestamente buscaba restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población civil. En términos jurídicos, el artículo 213 de la Constitución no solo exige que la medida sea proporcional y limitada en el tiempo, sino que también debe respetar los derechos fundamentales.

La lógica de los estados de excepción es que las medidas tomadas no puedan convertirse en una estrategia de seguridad indefinida ni en una forma de suplir la ausencia del Estado. En este caso, más que una intervención temporal para restaurar el orden, la medida parece haber sustituido la falta de planificación estructural con una acción improvisada y poco efectiva.

Un punto que requiere atención es el papel de las fronteras permeables con Venezuela, la conmoción interior al no tener efectos extraterritoriales no puede incidir en la dinámica transnacional del conflicto, no obstante, las estrategias de cooperación, seguridad binacional e iniciativas de coordinación con organismos internacionales propias de los poderes ordinarios podrían ser la solución. Es así, como la situación actual nos hace reflexionar sobre el territorio como elemento constitutivo del Estado y su seguridad cuando la amenaza proviene de actores con capacidad de moverse libremente entre fronteras, sin embargo, sin la articulación con el Gobierno vecino la respuesta del Gobierno nacional pierde eficacia.

La conmoción interior durante su delimitación temporal no puede tener un impacto en la reducción de las hectáreas cultivos ilícitos sembradas ni en la disrupción de las redes de financiamiento de los grupos ilegales. De hecho, la historia demuestra que las respuestas militarizadas no han sido suficientes para erradicar el narcotráfico, y que cualquier estrategia debe estar acompañada de políticas integrales de sustitución de cultivos y desarrollo económico.

En este contexto, es fundamental que el Estado recupere su capacidad de gestión a través de mecanismos ordinarios, en lugar de recurrir constantemente a medidas excepcionales que terminan afectando los derechos fundamentales de la población. Para lograrlo, se deben implementar estrategias que vayan más allá de la mera intervención militar y que fortalezcan tres ejes esenciales que no deben ser temporales ni excepcionales:

1. Presencia estatal efectiva: más allá del despliegue de tropas, el Estado debe garantizar servicios básicos, justicia y desarrollo en las regiones afectadas.
2. Alternativas económicas para las comunidades: el narcotráfico sigue siendo la principal fuente de financiamiento de los grupos ilegales. Sin opciones productivas viables, los cultivos ilícitos continuarán siendo la única alternativa económica en muchas zonas rurales.
3. Un enfoque de seguridad con respeto a los derechos humanos: el uso de la fuerza legítima es necesario para enfrentar a los actores armados, pero sin afectar a la población civil. La Fuerza Pública debe actuar bajo estándares claros de derechos humanos y evitar que las operaciones militares generen nuevas crisis humanitarias.

Lo que me lleva a una última pregunta…

Conmoción interior: ¿medida necesaria o estrategia insuficiente?

A pesar de la declaratoria del estado de conmoción interior, la crisis en el Catatumbo no solo persiste, sino que se ha intensificado. Según la Acnur, desde el pasado 16 de enero más de 52.000 personas se han visto desplazadas, además, la continuidad de ataques contra la población civil y la inalterada presencia de grupos armados ilegales reflejan que esta medida excepcional ha sido insuficiente para transformar la realidad de la región. Si el problema de fondo radica en la ausencia del Estado, la falta de oportunidades económicas y el poder del narcotráfico, una respuesta extraordinaria y temporal solo pospone una crisis que exige soluciones de largo plazo.

El balance tras un mes de vigencia de la medida deja más preguntas que respuestas. En este contexto, resulta cada vez más cuestionable la necesidad de haber decretado la conmoción interior cuando ni siquiera se habían agotado los mecanismos ordinarios de respuesta. El verdadero desafío del Gobierno no es la implementación de medidas excepcionales para tomar el control, sino la construcción de una política integral que garantice la presencia efectiva del Estado fortalezca las instituciones, respete los principios democráticos y genere oportunidades económicas en los territorios históricamente olvidados. Para ello, basta con utilizar las facultades ordinarias antes de recurrir a estados de excepción que, lejos de solucionar la crisis, pueden convertirse en un problema más por resolver.