Agregue a sus temas de interés

Agregue a sus temas de interés Cerrar

martes, 21 de mayo de 2024

En el contexto actual, las Asociaciones Público Privadas (APP) son un tema recurrente de debate en Colombia. Mientras que algunos cuestionan la asociación del Estado con el sector privado para desarrollar infraestructura, sus defensores destacan la capacidad de las APP para fondear grandes proyectos ante las limitaciones del presupuesto estatal. Sin embargo, esta perspectiva no captura completamente el valor agregado de las APP: una gestión de riesgos más especializada por parte del sector privado.

La obtención de fondos a través de las APP, aunque relevante, no es su principal atributo. Aunque estas movilizan capital privado, esta modalidad implica una renuncia del Estado a los ingresos que puede generar el activo de infraestructura o a ingresos fiscales que de otra manera recibiría. Este compromiso de ingresos futuros ocurre tanto en las APP como en otros modelos tradicionales, donde se utilizan vigencias futuras para la financiación. Por lo tanto, el fondeo en sí mismo no debería ser el factor decisivo para preferir las APP frente a otras modalidades como los contratos de obra pública.

El valor distintivo de las APP se encuentra en la evaluación multifacética de riesgos que se da por su estructura de financiamiento, típicamente organizada bajo esquemas de 'project finance' con dos tipos de inversionistas: (i) los sponsors (accionistas del concesionario o vehículo de inversión), que aportan capital, y (ii) los prestamistas, que proveen recursos de deuda. Esta estructura promueve una gestión de riesgos más eficiente, ya que cada uno tiene incentivos diferentes para asegurar la viabilidad del proyecto en todo su ciclo (diseño, construcción y operación y mantenimiento).

Los sponsors buscan maximizar su retorno sobre el capital invertido, llevándolos a analizar en profundidad la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Su búsqueda de un retorno más alto sobre el capital invertido los impulsa a administrar cuidadosamente todo el espectro de riesgos. Por otro lado, los prestamistas, cuyo recurso generalmente no va contra los sponsors (o, de hacerlo, es de forma limitada), sino únicamente contra el vehículo de inversión, tienen un interés vital en que el proyecto genere los flujos de caja previstos dado que son la fuente principal del repago de la deuda. Esto resulta en una evaluación estricta de los riesgos que podrían afectar dichos flujos para asegurar el servicio de la deuda.

Además, una gestión inadecuada de riesgos tiene consecuencias más significativas para el sector privado. En el ámbito empresarial, un proyecto fallido puede resultar en pérdidas económicas severas, afectar la reputación corporativa e inclusive llevar a la quiebra. En contraste, para el Estado los impactos de un proyecto mal gestionado suelen traducirse en términos de retrasos e incremento en costos, pero es remota la posibilidad de default del Estado por su capacidad para redistribuir cargas fiscales y ajustar presupuestos en otros sectores o proyectos. Esta diferencia en las consecuencias de una mala gestión hace que el sector privado tenga una mayor sensibilidad a los riesgos y asuma un rol más proactivo.

En definitiva, es esencial comprender que la principal contribución de las APP no es meramente financiera, sino que radica en la capacidad del sector privado para gestionar eficazmente los riesgos al estar mejor alineados sus intereses con el éxito del proyecto. Reconocer y aprovechar este atributo puede desbloquear todo el potencial de las APP en el desarrollo de infraestructura y, de paso, convencer a las voces críticas sobre sus beneficios.

*Nicolás López Ochoa, Asociado Principal en Cuatrecasas