jueves, 10 de octubre de 2013
El sector de exploración minera en Colombia ha experimentado una contratación profunda que va más allá de los mercados financieros áridos y la baja en los precios de oro. En comunicaciones recientes la empresa de servicios mineros Mayor Drilling, listada en la bolsa de valores de Toronto (Canadá), informó que “preocupaciones geopolíticas” están plagando de mal clima lo que hasta hace pocos años era una cuenta de éxito.
Una falta de conocimiento por parte del Estado colombiano del sector, sus procesos y cadena de valor impiden y va en contravía del adecuado desarrollo y modernización de dicho sector productivo. Un ejemplo sencillo muestra eso. Un contrato de concesión da a una empresa el derecho a explorar el subsuelo y no se le concede ningún derecho sobre la superficie. Cuando un yacimiento está descubierto, una empresa minera buscará comprar solo una pequeña porción del total del subsuelo que fue explorada. No obstante, en Colombia, la mayoría de los medios informan a la opinión pública que este tipo de contratos otorga derechos sobre la superficie y que los campesinos y comunidades ya no puede gozar el usufructo del mismo. “En un momento, hasta el 40% del territorio Colombiano fuera solicitada por las empresas extranjeras,“ publicó Colombia Reports. Esa mis información se hace que las comunidades se sienten amenazadas e invadidas.
Política
En general el sector ha sufrido de fiscalización deficiente más que de leyes malas. El Código Minero, Ley 685 de 2001, es un elemento de legislación bueno y práctico, pero nunca ha funcionado en forma efectiva porque los reglamentos para hacerlo no han sido desarrollados, lo que ha resultado en incertidumbre y falta de precisión. La causa célebre de los páramos es un caso destacado. La minería en los páramos está prohibida, pero los páramos siguen sin definición legal. En su informe, el procurador Alejandro Ordóñez dijo que mientras la actividad minera está restringida o excluida de casi 60% del territorio Colombiano, “las autoridades ambientales no han entregado los trabajos de zonificación y ordenamiento de estas áreas protegidas” destacando además que mientras las zonas de reserva forestal están promulgadas en la Ley 2da de 1959, “54 años después de su promulgación, no han recibido la reglamentación requerida, lo cual ha dificultado, no solo adelantar actividades mineras en dichas áreas, sino otras acciones sociales de Estado”.
La falta de recursos humanos y financieros para administrar, mas la falta de desarrollo y de normas resultó en un congestión de 19.000 solicitudes de concesiones con el crecimiento dramático del sector. En vez de corregir estos problemas, el gobierno de Álvaro Uribe intentó hacer un nuevo Código Minero con Ley 1382 de 2010. Después que esta legislación fuera descalificada por la Corte Constitucional en el 2011, la administración de Juan Manuel Santos fue forzada a hacer lo que el Gobierno debería haber hecho desde el principio: entregar los recursos para que el Ministerio de Minas administrara bien el sector. “Es de reconocer el esfuerzo del gobierno nacional por fortalecer la institucionalidad minera, la cual está trabajando por mejorar la administración del recurso minero a través de la Agencia Nacional de Minería y la creación del Viceministerio de Minas encaminado a generar una labor más eficiente para el país y la industria minera“, dice César Díaz, director ejecutivo de la Camera Colombiana de Minería.
A pesar de esto, el sector de la exploración minera aún enfrenta una carga administrativa onerosa para adelantar sus proyectos. El proceso para los permisos debería ser más simple, con una autoridad central medioambiental eficaz de por medio, como en otros países. “En Perú, si la autoridad no responde a los permisos solicitados, estos quedarían adjudicados de manera automática”, ice Albert Crutcher, gerente de KTTM Geophysics en Medellin.
