Según el Informe de Gestión para la Rendición de Cuentas de la DIAN, al corte de agosto de 2025 la entidad alcanzó resultados por $1,3 billones en acciones de fiscalización para la lucha contra la evasión y el contrabando, superando ampliamente la meta establecida para el periodo, que era de $0,9 billones.
Este desempeño se explica por el fortalecimiento de las labores de fiscalización internacional, orientadas a prevenir la disminución indebida de la base gravable y el traslado artificial de utilidades. Para ello, la DIAN ha implementado estrategias focalizadas, ha ampliado la cooperación con autoridades tributarias de otros países y ha intensificado el uso de herramientas de analítica tributaria avanzada.
¿Cuáles fueron las principales acciones y programas de control que permitieron alcanzar estos resultados?
Entre las medidas adoptadas, destaca el control de las operaciones realizadas a través de plataformas digitales, mediante el cual la DIAN verificó el cumplimiento tributario de personas no residentes y entidades extranjeras con presencia económica significativa en el país.
De igual manera, la entidad puso en funcionamiento un esquema de vigilancia reforzada sobre los contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia. Este control evalúa las operaciones con vinculados en el exterior y con entidades ubicadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Lo anterior, con el objetivo de verificar el cumplimiento del principio de plena competencia y evaluar su impacto en el impuesto sobre la renta y complementarios, conforme a los artículos 260-1 a 260-11 del Estatuto Tributario.
¿Qué implican estos cambios y avances para los contribuyentes?
Los avances en materia de fiscalización internacional y precios de transferencia implican para los contribuyentes un mayor nivel de exigencia, supervisión y transparencia en sus operaciones transfronterizas. En particular, los resultados alcanzados por la DIAN evidencian un cambio estructural en la forma como la entidad identifica riesgos, prioriza casos y ejecuta sus auditorías, lo que se traduce en impactos concretos para los contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia.
El notable aumento en las acciones de fiscalización, que alcanzaron un 293,2% de cumplimiento en 2025, eleva de manera significativa la probabilidad de ser auditado, especialmente para empresas con operaciones relevantes con vinculados del exterior o participación en la economía digital. A esto se suma el fortalecimiento técnico de la DIAN, cuyos equipos ahora cuentan con mayores capacidades especializadas para revisar con mayor rigor las operaciones internacionales y cuestionar esquemas que carezcan de sustancia económica o soporte adecuado.
En consecuencia los contribuyentes deben prepararse para un entorno de fiscalización más riguroso, que exige una documentación más robusta y coherente con el principio de plena competencia, soportes claros y plenamente trazables, así como una mayor consistencia entre la información financiera, operativa y tributaria, dado que la DIAN está integrando múltiples fuentes de datos para identificar posibles inconsistencias.
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