El anuncio de Vanti sobre el incremento de hasta 36% en las tarifas de gas natural para 10 ciudades del país ha generado preocupación entre los usuarios y refleja la compleja coyuntura del mercado mayorista de gas en Colombia. Este aumento, que afectará a aproximadamente 3.6 millones de personas, plantea importantes interrogantes sobre los derechos de los consumidores y las obligaciones regulatorias de las empresas prestadoras del servicio público de gas.
¿Qué aspectos regulatorios justifican el incremento tarifario?
Las alzas en los precios responden a una situación fáctica: la escasez de gas en el país. La Ley 142 de 1994 establece que las empresas de servicios públicos pueden actualizar sus tarifas según las fórmulas tarifarias aprobadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Sin embargo, las modificaciones deben cumplir con el principio de suficiencia financiera, sin desconocer el criterio de solidaridad y redistribución de ingresos.
En este sentido, Vanti fundamenta el incremento en dos factores principales. Por un lado, el mayor costo del gas importado necesario para atender la demanda nacional y, por el otro, el aumento en los costos de transporte debido a la reconfiguración de las fuentes de suministro hacia la Costa Caribe, según lo establecido en el Plan de Abastecimiento de Gas Natural del Ministerio de Minas y Energía (MME).
¿Qué facultades tienen los entes de control frente a esta situación?
El Ministerio de Minas y Energía ha solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la Superintendencia de Industria y Comercio investigar el incremento, fundamentado en la Resolución 102-015. De esta forma, el Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 142 de 1994, pretende verificar si el aumento responde a costos eficientes de prestación del servicio o si existe una posible una posible especulación en los precios.
¿Qué implicaciones tiene esto para la política energética nacional?
Este escenario evidencia la necesidad de revisar la efectividad del marco regulatorio actual para adaptarlo a las nuevas condiciones del mercado, particularmente en lo referente a la integración del gas importado en la canasta de suministro nacional y la optimización de la infraestructura de transporte. Además, plantea discusiones en torno a las políticas necesarias para que el mercado pueda abastecerse de gas nacional. La situación actual abre el debate sobre la implementación de un esquema regulatorio que permita una mayor flexibilidad en la formación de precios, la gestión de la(s) infraestructura(s) de importación y el potencial de desarrollar los yacimientos no convencionales de hidrocarburos.
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