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Álvaro Andrés Cruz Calderón Jueves, 18 de septiembre de 2014

¿Qué sucede?
Es un hecho notorio que nuestro sistema judicial desde un tiempo para acá no funciona de la forma esperada, diversas razones se han atribuido a éste problema, entre otras, el exceso de tiempo que se emplea en la resolución de los litigios y en consecuencia la inseguridad jurídica que esto genera por no conocerse la decisión de fondo, o porque, en algunos casos, al momento de definirse el asunto no pueda cumplirse con la decisión judicial, algo realmente preocupante; prestación del servicio de administración de justicia sin calidad, de manera sorprendente y por afanes de descongestión las providencias, en un alto porcentaje, no tienen concordancia con los hechos y pruebas practicadas; la falta de seguridad jurídica, que puede desencadenar la ausencia de unificación de criterios que impera en el máximo órgano de lo Contencioso Administrativo y el choque de trenes entre las distintas corporaciones; los innumerables escándalos que salpican a sus integrantes; los paros de los últimos años por falta de políticas macro y micro que diseñen el funcionamiento adecuado de la rama, entre otros.

¿Responsabilidad compartida?
No obstante lo anterior, la responsabilidad no puede arrogarse únicamente a esta Rama del Poder, ya que la situación actual también es imputable, en parte, a aquellos abogados que en abuso del derecho de postulación ejercen su profesión de manera temeraria, ingeniando litigios que carecen de asidero jurídico.

Así mismo, la sociedad también es partícipe de éste flagelo, por el alto grado de litigiosidad, pues la única solución que encuentran es un proceso judicial, y aquel pragmatismo con el que pretenden solucionar los asuntos. De otro lado, se encuentran Universidades que por encima de infundir a sus estudiantes la importancia de tomar el ejercicio del derecho con suma diligencia, toman ésta actividad como un negocio lucrativo, formando a personas sin valores y competencias necesarias para la vida profesional.

Así mismo, se ha visto que en ésta cadena también han contribuido las empresas de servicios jurídicos, quienes en sus procesos de selección no emplean la acuciosidad necesaria en la verificación de las competencias y cualidades con las que deben contar sus empleados. Por último, el gobierno y entes de control que ante el evidente problema, sólo proponen soluciones mediáticas y se hacen caso omiso frente a las faltas y abusos cometidos.

¿Qué propone el Gobierno?
Una de las propuestas del Presidente de la República se basó en solucionar los anteriores aspectos a través de una reforma a la justicia, de la cual ya vemos algunos visos en el acto legislativo No. 18 de 2014 presentado al Congreso, el cual tiene como ejes principales la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, creación de una especie de junta directiva de la Rama y Tribunal de Aforados, establecer que el control disciplinario se realice por una Sala de los Tribunales, fortalecimiento al Director de la Rama, modificación las facultades de elección de las altas Cortes, entre otras.

Además, se expidieron Códigos que tienen como principio rector la oralidad, se creó el Arancel Judicial (posteriormente declarado inexequible), y se aumentó el presupuesto de la Rama Judicial con el objeto de equiparar salarios y garantizar medidas de descongestión.

¿Es suficiente?
La serie de problemas que padece la administración de justicia hace concluir que lo que hasta el momento se ha propuesto no van a tener el impacto ni los resultados esperados, ya que resuelven sólo parte de los inconvenientes. La reforma a la justicia debe partir fijando unas bases sólidas que permitan en unos años puedan verse los frutos, ya que debemos admitir que un cambio de la noche a la mañana es imposible.

Tales cambios deberían empezar por una renovación en los integrantes de los órganos de cierre, por una estricta regulación en el ejercicio de las facultades de derecho, de la carrera judicial de una manera integral, del ejercicio profesional y no sólo señalando las faltas disciplinarias, lo cual debe ir acompañado de la creación de órganos de vigilancia severos o fortalecimiento de los actuales, así mismo, con la implementación y fortalecimiento en programas de solución de controversias, el diseño de instalaciones que tengan como finalidad se preste un servicio dignamente, capacitación en servicio al cliente, eliminación de los juzgados de descongestión y ampliación de número de juzgados permanentes, obtención de medios tecnológicos, y un aspecto tan importante como el cambio en el imaginario colectivo con el fin de dignificar, respetar y promulgar la importancia del derecho en la sociedad y por parte de los abogados que se comprometan a respetarlo y enriquecerlo cada día más.    

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