• Daniel Rojas Castañeda

lunes, 10 de agosto de 2020

Mientras que el salario real (deflactado por IPC) de los congresistas se ha multiplicado por 5,3, el salario mínimo tan solo por 1,5

Durante los últimos años, ha existido un gran debate en cuanto al alto salario que ganan mensualmente los congresistas y mucho más en los últimos meses cuando han empezado a surgir propuestas de diferentes bancadas para disminuirlo.

Si tenemos en cuenta el sueldo de $34,4 millones que recibirían con el último aumento de 5,12%, se podría decir que el salario real (deflactado por IPC) de los congresistas colombianos aumentó 341% desde 1991. (ver gráfico).

Esto teniendo en cuenta que quitando el efecto de la inflación, hace 29 años el salario era de $712.665 y hoy de $3,14 millones. Entre tanto, haciendo ese mismo ejercicio con el salario mínimo real se podría decir que solo habría aumentado 55%.

El salario mínimo en 1991 de una persona de a pie era tan solo $51.716 mientras que el de un congresista era de $714.665, lo que equivalía en un comienzo a 13,82 salarios. En la actualidad, aplicándole el reajuste del salario retroactivo de 5,12%, los representantes políticos ganarían $34,4 millones, es decir, devengan 39,21 salarios mínimos mensuales.

Para el economista y profesor de la Universidad de los Andes, Francisco Azuero, esto es un gran problema por el crecimiento en gasto que significa, tanto por su efecto directo, como por sus consecuencias en los sueldos de altos magistrados y personal de la Rama Judicial.

“Por otra parte, aumenta el pasivo pensional de la Nación. Estas pensiones normalmente son subsidiadas, en el sentido de que el valor presente de lo que ellos cotizan es bastante inferior al valor presente de las pensiones que reciben. Además, tanto los congresistas como los magistrados pertenecen a ese 1% de la población más rica”, resaltó Azuero.

Y es que desde 1991 el salario real (deflactado por IPC) de los congresistas se ha multiplicado por 5,3, mientras el salario mínimo tan solo por 1,5.

El problema de todo ello no solo parte de los congresistas, sino que también está configurado por varios funcionarios públicos, ya que desde la Constitución de 1991, el reajuste salarial también se aplica para magistrados de las Altas Cortes, procurador y contralor, entre otros.

El senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, resaltó que está seguro que lo que se les paga a los congresistas es muy alto en relación con otros ingresos. Pero hay una gran dificultad para llevar adelante una reforma en ese sentido, ya que mediante la Constitución lo ataron a unas decisiones automáticas que imponen incrementos exagerados.

“Muy alto sobre el salario mínimo, muy alto sobre el salario promedio nacional, muy alto en relación con lo que los congresistas ganan de otros países de América Latina. De 1994 aquí ha subido más de 25% en términos reales”, explicó Robledo.

A él también se sumó la voz del senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, quien dijo que había la necesidad de modificar la forma como se estructura el salario al representante de la Cámara y al senador Sin embargo, “hay que poner en contexto esa reforma, que claramente es una reforma constitucional, porque el aumento del congresista está unida a una fórmula que se establece en artículos de la carta política (...) esto también requiere la opinión técnica del Ministerio de Hacienda”, insistió.

Así mismo, las cifras dejan ver que hay una variación de 33% en los últimos cinco años, en donde el salario pasó de $25,5 millones a la suma del salario actual de $34,5 millones (ver gráfico).

En estos momentos, con el saldo de $32,7 millones dado que el presidente aún no ha firmado el decreto para aumentar los sueldos, el pago básico de estos congresistas es de $7,9 millones.

A este valor, se le deben añadir $10,7 millones de prima de servicios especiales y $14 millones en gastos de representación, creados para garantizar viáticos, pago de seguridad y transporte para los congresistas.

Disminuyéndole a ese valor devengado los gastos de salud y pensión, los aportes a diferentes fondos solidarios y la retención en la fuente que suman un total $13 millones, el neto que se le debe pagar a un legislador es de $19,7 millones.

Por esa misma razón, a través de sus redes sociales los congresistas Angélica Lozanos, Alexánder López y Gustavo Bolívar, insistieron en que van a sacar adelante una propuesta en la que buscan descontar los gastos de representación del salario de los legisladores, ya que como han expuesto en otras ocasiones la mayoría está sesionando desde sus casas y no estaría utilizando ese dinero para dichos gastos.

La representante a la Cámara de Bogotá del Partido Verde, Katherine Miranda, dijo que está en total acuerdo con este tipo de proyectos y considera que no es un momento adecuado para aplicar ningún tipo de incremento al salario de los congresistas.

“Siento que no es tiempo de mezquindades es tiempo de solidaridad y la vocación política está precisamente en el servicio en la voluntad decidida de mejorar la vida de los ciudadanos sobre todo de quienes están en estos momentos pasando una situación económica grave”, resaltó Miranda.

Por su lado, desde el Centro Democrático decidieron llevar adelante un proyecto de ley que busca que el salario de los congresistas sea gravado con un impuesto permanente de 10%, y que ese porcentaje, sea destinado a programas como Ingreso Solidario. Tal vez, por esa misma razón le solicitaron al presidente Duque no firmar el decreto de aumento de salario.