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sábado, 16 de noviembre de 2013

Desde el pasado 9 de noviembre empezó la restricción de la ley de garantías para gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas a nivel territorial; desde esta fecha no pueden celebrar convenios interadministrativos para ejecución de recursos públicos o inaugurar obras públicas donde participen candidatos o sus voceros. A pesar de esto las cifras de ejecución presupuestal son preocupantes.

Según el informe del Ministerio de Hacienda del primero de octubre de este año, a septiembre de 2013 del Presupuesto total de más de 189 billones de pesos apenas el 67.8% estaba comprometido en proyectos y el 59.7% son obligaciones, es decir que faltando apenas 3 meses para el fin de año, menos del 60% del presupuesto se había contratado y efectuado. De esas apropiaciones apenas el 56.6% se habían pagado.

Teniendo en cuenta la ley de garantías, es claro que a las entidades les quedaba apenas un mes para contratar aproximadamente el 40% restante.

Para Inversión, en el presupuesto se habían destinado $43.9 billones de pesos, $33 billones de esos estaban comprometidos, es decir 75.3%, quedando todavía $10 billones por comprometer. Los sectores que aparecieron quedados en la ejecución fueron, la rama judicial que tenía comprometido apenas el 27.1%, ambiente y desarrollo sostenible con el 40.6%, hacienda con 46.9%, el Congreso con el 48.1%, los organismos de control con el 48.3%, la Fiscalía con el 56.2% y el Ministerio de Justicia y Derecho con el 57.3%.

En Transporte hay programas como vías terciarias que tenían a la fecha referida un porcentaje de compromiso de apenas el 36% de lo que se había asignado, asimismo el programa de mejoramiento y mantenimiento vial, fluvial, férreo y marítimo contaba con un 52.4% comprometido; para la construcción del segundo túnel de La Línea solo estaba contratado el 44.5% de lo asignado, y para la construcción de la segunda calzada Buga – Buenaventura apenas el 9.2% estaba comprometido.

En un sector tan importante como el de Salud y Protección Social resulta que para la prestación de servicios de salud estaba comprometido solo el 5.2%. En Trabajo se asignaron $44 mil millones de pesos para el Fondo Emprender del SENA y la mayoría no se había comprometido para esta fecha.

En el sector agropecuario solo se había comprometido el 30.4% de lo asignado a implementación de proyectos productivos, restitución y atención a la población desplazada y el 44% en control y prevención de plagas.

En el Sector de Hacienda aparecen $811 mil millones que se destinarían a apoyar proyectos de inversión nacional, pero aun sin comprometer; en la misma condición $21 mil millones de pesos para hospitales.

En Educación, para infraestructura educativa se destinaron $306 mil millones, de los cuales para la fecha solo se habían comprometido $69 mil millones. Asimismo, para mejoramiento y modernización de la educación de $120 mil millones solo $54 mil millones estaban comprometidos.

Las cifras anteriores denotan falta de diligencia en la ejecución de los recursos, tan necesarios en los diferentes programas, especialmente en las políticas sociales. También denota mucho temor a los órganos de control como la Procuraduría y la Contraloría que, en tal caso deben ser llamados a prestar acompañamiento en los procesos de licitaciones, procedimiento expedito para la rápida ejecución que el gobierno y el país necesitan en sus diferentes programas y para la seguridad jurídica de los funcionarios públicos.

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