• Santiago Diaz Gamboa sdiaz@larepublica.com.co

miércoles, 12 de octubre de 2022

Además del establecimiento de la justicia ambiental, se modificarán las normas que regulan el acceso a la información confidencial

El Congreso de la República aprobó a inicios de la semana el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú, convirtiendo a Colombia en el país número 14 que implementará este tratado internacional dentro de un grupo de 25 signatarios en la región.

El Acuerdo, que ahora está a una conciliación y una firma del Presidente Gustavo Petro para ser Ley de la República, tuvo un camino espinoso desde su firma, en 2019, y aún sigue siendo blanco de varios críticos. Esto, porque además de varios aspectos de protección al liderazgo ambiental, tiene una serie de implicaciones jurídicas, como un posible aumento de la litigiosidad, cambios frente a la información de carácter reservado de las empresas y la creación de una nueva jurisdicción.

Como propósito general, este pacto regional busca crear un marco jurídico internacional para la protección de los ecosistemas y garantizar la seguridad de los líderes ambientales. Para ello, el tratado cuenta con una serie de disposiciones que van desde el acceso, generación y divulgación de la información ambiental hasta la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, pasando por una propuesta de endurecer las penas para quienes incurran en delitos de este tipo y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Juan Carlos Ucrós, experto en Derecho Ambiental y socio de CMS Rodríguez-Azuero, explicó que la base del Acuerdo de Escazú es promover la información abierta respecto a los proyectos de carácter ambiental que se adelanten en el territorio. Sin embargo, dice, es un asunto que debe ser moderado, pues no toda la información institucional puede ser de conocimiento público.

“Hay información de las empresas que es confidencial y la ley lo determina así. Por ejemplo, no se puede poner en conocimiento público la contabilidad de una empresa. Partiendo de esa base, con la ratificación del Acuerdo, y puntualmente frente al tema de acceso a la información, se pueden generar unos potenciales conflictos particulares que se deberán resolver a nivel nacional”, dijo.

Sobre las posibles modificaciones a las normas sobre reserva legal de los documentos de las empresas, Camila del Villar, directora del área de Ambiental y Desarrollo Sostenible de DLA Piper Martínez Beltrán, dijo que será una de las discusiones más álgidas durante el control de constitucionalidad que hace la Corte sobre las leyes que se expiden.

“En principio, si la ciudadanía alega que determinada información de una compañía es relevante o guarda relación con un asunto ambiental sobre el cual verse un posible permiso o autorización o decisión, por ejemplo, para desarrollar un proyecto, tendrá derecho a acceder a esa información, porque prima el interés publico (medio ambiente) sobre la eventual reserva legal”, explicó. Por eso, agregó que “el debate que se avecina sobre posibles cambios normativos a las reglas sobre reserva legal será muy interesante porque es un tema delicado”.

Por otra parte, José Vicente Zapata, socio de Holland & Knight, explicó que las comunidades tendrán un mayor margen para ampliar los mecanismos de participación ambiental frente a los proyectos que se adelanten en los territorios y los trámites de licenciamiento.

“Probablemente se exigirán más instancias de participación ciudadana incluso en etapas previas al licenciamiento, como la prefactibilidad”, dijo al respecto la directora de DLA Piper Martínez Beltrán.

Como tercera implicación legal de la ratificación del Acuerdo, aunque no por ello menos importante, está la posibilidad de que se presente un aumento de la litigiosidad. Por un lado, por los cambios anteriormente mencionados y su alcance, por ejemplo, en qué tan vinculante será la participación ciudadana en proyectos de interés estratégico; y, por otro lado, por el establecimiento de la justicia ambiental, que redefinirá las reglas de juego.

“La creación de una jurisdicción especial ambiental es inminente, con jueces ad hoc especializados en la materia, lo que puede dar lugar a un aumento en los procesos judiciales con enfoque ambiental. Además, es muy posible que se vean litigios sobre la obligación de revelar información confidencial”, concluyó Del Villar.