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miércoles, 26 de marzo de 2014

Colombia, que actualmente se encuentra ‘pidiendo pista’ para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, se encuentra cerca de los estándares necesarios para ser uno de los miembros de la entidad.

Según un informe del Banco Mundial, BM, el país se destaca por la legislación y la ejecución en términos de cumplimiento de contratos y en acceso al crédito.

Hoy, el BM presentará ante la Superintendencia de Sociedades su informe sobre ‘Observancia de estándares y códigos’ en el que se demuestra que leyes como la de Garantías Mobiliarias (aprobada el año pasado) y el Código General del Proceso (de 2012), han sido importantes para que Colombia pueda ingresar a la organización internacional.

El informe fue preparado por José María Garrido, Adolfo Rouillon y Francisco Reyes, y en él se destacan cinco conclusiones relevantes.

La primera de ellas apunta al avance en el marco legal para los derechos de los acreedores. El estudio asegura que “el marco legal para los derechos de los acreedores, se encuadra, en gran medida, dentro de las mejores prácticas internacionales: gracias a las sucesivas reformas, se han producido continuas mejoras del sistema de protección del crédito”.

La recomendación que se hace en este ítem es que se introduzcan cuanto antes las reformas mencionadas y se realicen cambios técnicos en el régimen de insolvencia.

La segunda conclusión que se elaboró habla acerca de los derechos de los acreedores y procedimientos de ejecución. “Para que estas medidas se pongan en marcha de manera efectiva, es preciso que el nuevo sistema de registro de las garantías mobiliarias sea instaurado efectivamente y que los juzgados sean dotados de medios organizativos y humanos suficientes.

La tercera conclusión habla sobre el área de gestión de riesgos y la reestructuración de créditos, allí se destaca la importancia de los sistemas de información crediticia y el sistema regulatorio que “solamente precisa de modificaciones técnicas”.

Los aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar en estas prácticas son: la reforma del tratamiento de las consecuencias fiscales de reestructuración, la simplificación del proceso de validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reestructuración y la introducción de directrices para la negociación de acuerdos entre las entidades financieras”.

Como cuarto punto, se destaca el avance en el marco legal para la insolvencia empresarial que “se ha ido aproximando a las mejores prácticas internacionales”. Hay que mencionar que hace falta que el sistema sea más equilibrado pata que las mipyme también hagan parte de él.

Lo que se debe mejorar, precisa el informe, son: “el sistema de apertura de los procedimientos de insolvencia, las escasas funciones del promotor y la falta de mecanismos para la participación de acreedores, el derecho de los accionistas (acreedores internos) a votar con los acreedores, la potencial votación de las reglas de preferencia para los acreedores garantizados y no garantizados, la lentitud de los procedimientos para la determinación de los derechos de los acreedores y la utilización de la adjudicación como una manera para evitar la liquidación de los bienes”.

La última conclusión del BM dice que el marco regulatorio es positivo. Destaca la labor de la Superintendencia de Sociedades como un organismo que puede asumir las funciones jurisdiccionales con “alto nivel de calidad”.

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