• Laura Vita Mesa lvita@larepublica.com.co

lunes, 10 de octubre de 2022

Hoy inicia la diligencia en la que la Fiscalía General de la Nación pedirá, por segunda vez, la preclusión del proceso en su contra

Hoy se abre un nuevo capítulo del proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y manipulación de testigos, pues inicia la audiencia en la que la Fiscalía General de la Nación, ahora representada por el fiscal Javier Cárdenas, pedirá nuevamente el cierre del caso.

"Empezaré de nuevo esta tortura, creada por la suposición de que compro testigos, comportamiento contrario a mi manera combativa de ser. Todo por la rabia de un ex fiscal, el sesgo de un magistrado y la presión de un socio impune del narcotráfico", dijo el exmandatario en su cuenta de su Twitter en la antesala de la diligencia.

Empezaré de nuevo esta tortura, creada por la suposición de que compro testigos, comportamiento contrario a mi manera combativa de ser. Todo por la rabia de un ex fiscal, el sesgo de un magistrado y la presión de un socio impune del narcotráfico

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 10, 2022

Esta es la segunda vez que el ente acusador solicita la preclusión, pues en 2021 el fiscal Gabriel Jaimes ya había presentado la petición del cierre del proceso, desestimada este año por la Juez 28 de Conocimiento de Bogotá, Carmen Elena Ortiz. Hay siete causales por las que se puede aplicar la preclusión, sin embargo, como la primera solicitud fue rechazada, la Fiscalía tendrá que presentar argumentos nuevos para sustentar su posición. Se espera que la audiencia se extienda, al menos, hasta diciembre.

Qué sigue en el caso

Como la Fiscalía solicita el cierre del proceso, son dos las opciones que tiene el juzgado: aceptarlo o negarlo. En caso de que avale la preclusión, probablemente una o varias víctimas apelarían y el caso llegaría al Tribunal, que a su turno deberá evaluar los argumentos y tomar la decisión definitiva. Como víctimas, además del senador Iván Cepeda, están el exfiscal Eduardo Montealegre, el exvicefiscal José Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa del paramilitar Juan Guillermo Monsalve.

Si los magistrados niegan la solicitud de las víctimas, el caso quedaría cerrado definitivamente, con lo que se terminaría el proceso contra Uribe. Si, en cambio, el Tribunal negara la decisión de cerrar el proceso, el caso volvería a la Fiscalía, que tendría dos salidas: presentar otro escrito de preclusión, con argumentos nuevos, o acusar al expresidente.

Otra posibilidad es que el juzgado, nuevamente, no acepte la solicitud de la Fiscalía de cerrar el proceso, con lo que el ente acusador tendría dos opciones: presentar un nuevo escrito de preclusión o apelar la decisión ante el Tribunal.

Si se presenta un nuevo escrito, y este es avalado por un juez, las víctimas podrían oponerse y se volvería al escenario inicial en el que los magistrados deciden sobre la solicitud de las víctimas. Si el nuevo escrito se negara, la Fiscalía podría apelar la decisión.

En ese caso, los magistrados tendrían dos escenarios: o niegan la apelación del ente acusador, que tendría que presentar un nuevo escrito o llevar al expresidente Uribe a juicio; o la aceptan, con lo que el caso se cerraría.

Antecedentes

El caso del expresidente Uribe inició cuando la Corte Suprema de Justicia, por una denuncia del exmandatario contra el senador Iván Cepeda, decidió no abrir investigación contra el senador y, en cambio, decidió investigar a Uribe por manipulación de testigos. A mediados de 2018, la Corte lo llamó a indagatoria por fraude procesal y soborno. La investigación de la Corte apuntaba a que el expresidente, a través de terceros, como el abogado Diego Cadena, habría intentado manipular las versiones de varios exparamilitares para que declararan contra el senador Cepeda.

Uno de los puntos más álgidos del proceso fue en 2020, cuando la Sala de Instrucción ordenó la detención del expresidente Uribe, en su finca en Córdoba, El Ubérrimo. Poco tiempo después, en una decisión sin antecedentes, el exmandatario renunció a su curul en el Senado de la República, con lo que perdió su condición de aforado, por lo que la Corte Suprema de Justicia perdió su competencia y el caso pasó a la Fiscalía.

En ese momento, al expresidente le concedieron la libertad, sin embargo, se mantuvo su condición de imputado, con lo que el proceso partió con parte de lo actuado por la Corte Suprema de Justicia y no desde ceros, como pretendía la defensa.