• Mateo Jaramillo

sábado, 7 de diciembre de 2013

El colapso del sistema penal acusatorio en Colombia y las maniobras de los abogados para dilatar los procesos dejó otro año sin resolver varios de los casos más mencionados por los medios de comunicación.

No valieron las advertencias de la Fiscalía General sobre las falencias del sistema ni las intenciones del Gobierno Nacional para reformar la justicia. Según una investigación de la Universidad del Rosario, el viejo sistema dejó 690.000 procesos sin tramitar y actualmente hay 1.250.000 represados en policía judicial.

Del top 10 de los casos más famosos que no se resolverán este año hay tres carruseles (contratación, pensiones y jueces), uno del sector financiero y otro de la construcción, posibles homicidios, procesos por conducir en estado de embriaguez, interceptaciones ilegales y hasta excusas falsas por inasistencia al Senado.

El primer carrusel estalló el 25 de julio de 2010 luego de que se conociera un desfalco en la construcción de obras públicas en Bogotá y que mostró las millonarias comisiones para contratistas y funcionarios. Entre los 17 implicados están el exalcalde Samuel Moreno, el exsenador Iván Moreno, el exrepresentante Germán Olano, el expresidente del Concejo de Bogotá Hipólito Moreno, el excontralor general de Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y los contratistas Miguel, Manuel y Guido Nule. Hasta ahora solo hay cinco condenas.

En el segundo cartel hay por lo menos 25 investigados, pero los casos se cierran y se vuelven a abrir. Por ejemplo, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, le solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes revocar el auto en el que se inhibió de abrir investigación penal contra tres magistrados en septiembre de este año. Los favores que se hacían en el Consejo Superior de la Judicatura para beneficiar a varios abogados con las cuantiosas pensiones luego de trabajar solo tres meses.

El tercer carrusel es de los mismos jueces que condenan o absuelven a los investigados. En octubre 11 jueces fueron detenidos luego de que se conociera que tenía tarifas establecidas para “guiar” los procesos en el Complejo Judicial de Paloquemao. Este caso, aunque hasta ahora está empezando, ya tuvo un llamado de atención por parte de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá sobre las dilaciones en las investigaciones.

Alirio Uribe, exdirector del Colectivo de Abogados José Alvear, asegura que la importancia de que la justicia sea pronta, eficaz y oportuna radica en el hecho de que cuando se producen decisiones judiciales que establecen la verdad en situaciones delictivas y se condena a los responsables se da un mensaje a la sociedad en el cual esos hechos no pueden volver a suceder.

“El derecho penal tiene dos funciones; por un lado, dejar claro que nadie debe hacer justicia de su propia mano sino denunciarlos para que el Estado haga justicia; por otro, es solo prevenir la venganza”, dice Uribe.

En el sector financiero, el caso de Interbolsa, la comisionista que manipuló los títulos de la textilera Fabricato, tiene 17 investigados y ninguna condena; a pesar de que ya cumplió su primer año.

Así mismo, el desplome del Edificio Space en Medellín, que dejó 11 muertos e hizo tambalear a la reconocida constructora Lérida CDO, puso la mira esta vez al sector constructor. Ahora las autoridades están en Barranquilla para atajar otra catástrofe.

El ex vicefiscal general Francisco José Sintura, asegura que la demora en los procesos se debe a la crisis del sistema acusatorio y al colapso y represamiento de las investigaciones.

“La causa fundamental, advertida por el fiscal general Eduardo Montealegre cuando tomó posesión, es una crisis del sistema acusatorio, tanto el nuevo como el anterior. El colapso de los dos sistemas, deja como mensaje una ineficiencia del aparto de la administración de justicia, en términos de impunidad”, afirma Sintura.

Casos más particulares como el de la muerte del universitario Luis Andrés Colmenares son muestra de la cantidad de audiencias, informes y tiempo que necesitan las autoridades para determinar la verdad de un procesos judicial. Ejemplo de esto es que la muerte del estudiante fue el 1 de noviembre de 2010 y en octubre de 2011 la Fiscalía encontró 60 irregularidades en la necropsia del cuerpo.

A este caso se suma el de Fabio Salamanca, que no solo está procesado por conducir en estado embriaguez y haber ocasionado la muerte de dos mujeres, sino que podría ser testigo para esclarecer la muerte de Colmenares.

El abogado penalista Francisco Bernate asegura que “este tipo de casos no se resolvieron como consecuencia de implementar un sistema penal como el sistema acusatorio actual. Por eso hay que leer papel por papel, y eso es lo que ha retrasado los procesos. Los funcionarios son muy buenos pero con un sistema procesal como el que tenemos es imposible realizar acciones más diligentes. Es como ponerle a Juan Pablo Montoya un carro de 1950”.

A los casos particulares se suman algunos de los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe que no han respondido a la investigaciones en Colombia. Luis Carlos Restrepo, uno de los hombres que ayudó a la desmovilización de 32.000 paramilitares, es buscado por las autoridades colombianas para que responda por la falsa desmovilización de la compañía ‘Cacica la Gaitana’ de las Farc.

De este mismo gobierno salió el escándalo conocido como ‘las chuzadas del DAS’ en febrero de 2009. Si bien ya hay algunas condenas, la exdirectora de la entidad, María del Pilar Hurtado, actualmente está asilada en Panamá y no ha respondido al llamado de las autoridades nacionales.

Para completar, varios medios han denunciado la inasistencia de los congresistas a las plenarias en el Senado de la Repùblica. Las falsas excusas se han convertido en la manera de no atender las responsabilidades. Hasta ahora no hay investigaciones.

Maniobras dilatorias
No para todos los abogados la congestión de los procesos judiciales recae en el sistema acusatorio. El penalista Abelardo de la Espriella asegura que las maniobras de los abogados dilatan los procesos más de lo que lo hacen las leyes.

“La dilación viene por causa de los abogados. Lo que hay que poner es unos términos de obligatorio cumplimiento como lo hacen en Estados Unidos. El problema no es de la ley es de las maniobras para demorar los procesos”, afirma De la Espriella.

Los casos se ven el ‘carrusel de los contratos’ en el cual el Tribunal Superior de Bogotá indicó el mes pasado que se deben analizar los efectos de los recursos que se conceden en estos procesos.

Las opiniones

Francisco Bernate
Profesor de derecho penal de la Universidad del Rosario
“Este tipo de casos que no se resolvieron son la consecuencia de implementar un sistema penal como el sistema acusatorio, en el cual hay que leer papel por papel. Eso es lo que ha retrasado los procesos y ha bajado la imagen y dignidad de la justicia”.

Francisco José Sintura
Ex vicefiscal general de la Nación
“La causa fundamental para que estos casos no se resuelvan, y que advirtió el Fiscal una vez tomó posesión del cargo, es una crisis del sistema acusatorio, tanto el nuevo como el anterior. Lo que muestra una ineficiencia de la administración de justicia”.

Alirio Uribe Muñoz
Candidato a la cámara y exdirector del colectivo de abogados José alvear
“Hay un problema de congestión judicial, faltan jueces, fiscales, investigadores y técnicos. Pero los crímenes que tienen mayor impacto social deberían resolverse de una manera más rápida para mandar un mensaje a la sociedad de que el delito no paga”.