Registraduría pidió concepto a las altas cortes para saber si procede con la consulta
La entidad aseguró que convocar a una consulta popular de la magnitud puede comprometer $750.000 millones en el presupuesto
17 de junio de 2025
Gobierno anunció que el decreto de la consulta popular fue radicado ante la Registraduría
La Registraduría Nacional le pedirá el concepto a la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado, para que diga si se ha cumplido con los requisitos que se requieren para convocar una consulta popular.
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La entidad, además, remitió copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Procuraduría General de la Nación e hizo una solicitud a las altas cortes para que se pronuncien, "ágil y oportunamente" de las diferentes demandas interpuestas.
"Es clara y evidente una controversia jurídica entre el Ejecutivo y el legislativo y, por lo tanto, lo que procede, al no tener antecedentes recientes, lo pertinente es dejar en manos de las altas cortes para que decida si continuamos o no con los trámites de la consulta", dijo Hernán Penagos, registrador nacional.
Penagos dijo que la Registraduría está frente a una "dificultad material" de realizar la consulta, por la logística que se requiere para llegar al exterior y porque el presupuesto puede ser de hasta $750.000 millones.
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El registrador explicó que el artículo 104 de la Constitución Política requiere la firma de todos los ministros, el concepto favorable del Senado y el decreto para convocar a la consulta. Además, dijo que Efraín Cepeda, presidente de esa corporación, le hizo llegar a la Registraduría el documento que muestra le negativa del legislativo frente a la iniciativa del Gobierno.
La Registraduría también recibió un documento del ministro del Interior, Armando Benedetti, en el que acudió a la figura de excepción de inconstitucionalidad junto con el decreto para convocar la consulta popular para el próximo 7 de agosto.
Penagos explicó que el Decreto expedido por el Gobierno declara la inconstitucionalidad del acto administrativo del Senado, con el que dio concepto desfavorable a la consulta popular.
Benedetti respondió a la decisión del registrador de no convocar a la consulta hasta tener concepto de las altas cortes.
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“Yo creería que él no está acatando el decreto, él es un operador logístico por así decirlo, él no tiene por qué estar haciendo una excepción constitucional de una excepción constitucional que hizo el gobierno. Creo que se está equivocando que gravemente en en eso”, dijo Benedetti.
En el Consejo de Estado hay 10 acciones de nulidad simple contra el decreto de la Consulta Popular, 34 por inconstitucionalidad y 97 tutelas ya admitidas. En la Corte Constitucional, con corte al 16 de junio, reposan 11 demandas de inconstitucionalidad en curso.
"A la Registraduría llegaron diferentes solicitudes, ocho de excepción de inconstitucionalidad, otra pidiendo la aplicación directa de la Constitución y cinco derechos de petición", aseguró.
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