lunes, 15 de enero de 2018
Si bien es claro que los administradores de una sociedad tienen el deber de ejercer sus funciones con la diligencia de un buen hombre de negocios, ha sido controversia si son los jueces los más idóneos para determinar el cumplimiento de dicho deber. Bajo el régimen colombiano actual, los jueces tienen plena competencia para determinar si un administrador actuó con diligencia y en provecho de la sociedad. Con el proyecto de ley de reforma del régimen societario se busca limitar dicha competencia judicial mediante la introducción de la regla del buen juicio empresarial, generalmente conocida como Business Judgment Rule (BJR). Por lo tanto, es importante entender los principales elementos de dicha doctrina y los efectos más relevantes de su aplicación en Colombia.
¿Qué es el BJR?
Es común que la ley establezca que una persona tiene el deber de actuar con diligencia en determinadas situaciones. Es igualmente común que, ante cualquier controversia sobre el cumplimiento de dicho deber, sean los jueces los encargados de verificar y determinar, dentro de un proceso judicial, si la persona cumplió con el mismo o no, y los efectos legales en caso de incumplimiento (sanciones, indemnizaciones de perjuicios, etc.).
Por el contrario, bajo el BJR, un juez no puede revisar o juzgar las actuaciones de los administradores. De esta manera, se protege a estos últimos de eventuales sanciones legales por daños derivados de sus actuaciones.
¿Cuáles son sus fundamentos?
En primer lugar, varios han señalado que los jueces no son hombres de negocios, no tienen los conocimientos suficientes de cada industria y, por ende, su criterio no es el más adecuado para determinar si una decisión de negocio fue acertada o no. Así, al no ser los jueces expertos en temas de negocio, el BJR busca evitar que estos cuestionen las decisiones y el criterio de aquellos que sí lo son.
Por otra parte, bajo la premisa de que a mayor riesgo mayor rentabilidad, se ha considerado beneficioso fomentar y crear incentivos para que las compañías (a través de sus administradores) asuman riesgos en sus negocios. El BJR funciona entonces como un incentivo para que los administradores no tengan miedo de tomar decisiones riesgosas, en tanto que los protege de cualquier sanción o consecuencia legal que pueda llegar a haber en caso de que tales decisiones no sean acertadas.
¿En qué casos no aplica?
El BJR no es una inmunidad absoluta a favor de los administradores, pues existen ciertas circunstancias que permiten la revisión judicial de sus decisiones de negocio. Tales circunstancias varían dependiendo del ordenamiento. En Colombia, de aprobarse el proyecto de ley mencionado, el BJR no aplicaría cuando se compruebe la violación de la ley, la mala fe del administrador o la existencia de un conflicto de intereses por parte de este.
¿Cuáles serían sus principales efectos en Colombia?
Bajo el régimen de responsabilidad actual, los jueces son competentes para analizar y determinar si los administradores actuaron con diligencia al adoptar determinada decisión.
Con el BJR, los jueces únicamente podrían revisar las actuaciones de un administrador si se demuestra que este violó la ley, actuó de mala fe o tenía conflictos de intereses en su decisión.
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