De 103.200 personas que están privadas de la libertad, 65.000 tienen casa por cárcel
La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que la alimentación de cada persona privada de la libertad cuesta $2,7 millones al mes
07 de junio de 2025
Según los datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, solo 3,7% de los casos reciben una sentencia judicial en Colombia. Muchos de estos terminan con el culpable en la cárcel, sin embargo, hay un alto porcentaje que cumple la sentencia en su domicilio.
Actualmente hay 103.200 reclusos, de los cuales 62% cumplen su pena en casa, lo que se traduce en 65.000 personas privadas de la libertad. Esto, según cifras del Ministerio de Justicia.
MinJusticia presentará un plan para reducir el hacinamiento en las cárceles del país
“La prisión domiciliaria no puede interpretarse como una señal de permisividad institucional ni como una concesión del Estado, pues se trata de una figura prevista en la ley como medida sustitutiva de la pena privativa de la libertad, aplicable bajo requisitos específicos. Su uso extendido puede responder a una alternativa jurídica a una crisis estructural, pero su uso no es la respuesta directa a la solución del hacinamiento”, dijo Carolina Bejumea, asociada de Esguerra JHR.
La abogada manifestó que el verdadero problema no es que muchas personas estén cumpliendo su condena en casa, sino que el Estado sigue imponiendo penas “desproporcionadamente altas sin revisar los criterios de encarcelamiento” ni robustecer otras formas de justicia más efectivas y sostenibles en el tiempo.
Hacinamiento carcelario
Actualmente, hay 127 establecimientos de reclusión en el orden nacional. Sin embargo, el incumplimiento territorial es una de las causas del hacinamiento carcelario.
LOS CONTRASTES
Carolina Benjumea Asociada de Esguerra JHR
“La prisión domiciliaria no puede interpretarse como una señal de permisividad institucional ni como una concesión del Estado, pues se trata de una figura prevista en la ley como sustitutiva de la prisión”.
El hacinamiento en las cárceles colombianas refleja una crisis estructural más profunda del sistema penitenciario. No solo están detenidas personas condenadas, sino también muchas sin sentencia firme.
“Esta situación evidencia una política criminal excesiva y reactiva, que abusa de la prisión preventiva y privilegia penas largas, incluso para delitos no violentos, sin fomentar alternativas como la justicia restaurativa o la resocialización. Como resultado, el encarcelamiento prolongado no mejora la seguridad ni la rehabilitación, sino que convierte las cárceles en espacios de exclusión y reproducción del delito”, según lo explicó Carolina Benjumea.
De hecho, el Índice de Descongestión Carcelaria del Inpec viene en caída desde 2020, y pasó de 61,50% a 52,90% con corte a diciembre del año pasado.
Alimentación carcelaria
Desde hace 15 años, un ministro de Justicia dura en promedio 13,2 meses en el cargo
La alimentación de cada persona privada de la libertad cuesta $2,7 millones mensuales, según explicó Ángela María Buitrago, exministra de Justicia.
“El costo económico de la alimentación de cada uno de los detenidos significa miles de miles de millones de pesos. Cuando nosotros hablamos del costo económico estamos hablando de una alimentación de $2,7 millones por cada uno de las personas privadas de la libertad cada mes”, explicó la exministra Buitrago.
Antecedentes
Existe un proyecto de ley que busca que la alimentación de las personas privadas de la libertad sea asignad de manera transitoria a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios permitiéndole continuar con la prestación del servicio de alimentación a los reclusos que se encuentran en centros de detención transitoria. Con el objetivo de garantizar la continuidad de la prestación de este servicio. Este proyecto fue presentado en el despacho de la Cámara de Representantes el 26 de mayo de 2025.
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